Condicionalidad
económica sin condición social
Los hombres,
pudiendo ser desiguales en fuerza o en talento,
se hacen iguales por convención y por derecho
J. J. Rousseau
La imposición de
un modelo político-económico de las instituciones financieras internacionales
hacia los países en desarrollo, no ha generado el resultado esperado por los
gobiernos y las sociedades. La exigencia
y aplicación de condiciones inapropiadas, tanto el Fondo Monetario
Internacional como el Banco Mundial, impide que el financiamiento realmente
cumpla con los objetivos que se plantean, más bien, el fracaso de sus
criticadas políticas, evidencian sus debilidades institucionales,
deslegitimando así su autoridad moral en asuntos económicos.
Entre las
principales instituciones financieras internacionales, podemos hacer referencia
al Banco Mundial (BM) que ha estado dedicado a otorgar préstamos a largo plazo
para proyectos y programas en los países en desarrollo; así como el Fondo
Monetario Internacional (FMI), que tiene por misión la promoción de políticas
cambiarias sostenibles a nivel internacional, facilitar el comercio internacional
y reducir la pobreza (corto plazo).
Como mandato
derivado del Consenso de Washington, el BM y el FMI hacen uso de los programa de ajuste estructural (PAE) como
condición a un país para otorgarle respaldo financiero destinado a afrontar un grave
problema de pagos internacionales. Se trata de una receta única y de pretendida
validez universal que se aplica con independencia de la situación particular de
cada país. Y a ella se han sometido más de noventa países del Sur y del Este
durante las dos últimas décadas del siglo XX, para resolver el problema de
Deuda Externa.[1]
El énfasis del FMI y
del BM en los PAE se fundamenta
en la modificación de las políticas domésticas con el propósito de de aumentar
la capacidad de servir la deuda. Cuando el FMI negocia préstamos nuevos con un
país deudor, usualmente aprobará préstamos sólo si el país menos adelantado
(PMA) adopta diversas medidas de condicionalidad que por lo general incluyen la
reducción de los déficits presupuestales gubernamentales y de la oferta
monetaria, así como la adopción de un tipo de cambio realista que implica la
devaluación de la moneda doméstica.[2] Otras políticas
recomendadas incluyen la eliminación de
la producción gubernamental y subsidios de consumo y de controles de precios
distorsionados. Estas medidas permiten que sea el mercado el que asigne los
recursos, y por tanto mejorará la eficiencia, según en FMI. Es importante
aclarar que del cumplimiento de estas condiciones dependerá el otorgamiento de
nuevos préstamos al PMA por parte del Fondo.
En Octubre de
2007, el FMI y el gobierno de Nicaragua suscribieron el PRGF- Servicio para la
Reducción de la
Pobreza y el Crecimiento- 2007-2010 (un
acuerdo a tres años por Derechos Especiales de Giro 71,5 millones, alrededor de
US$111,3 millones), en ese sentido, la
investigación[3] realizada por Eurodad[4] mostró que, en promedio,
la mitad del todas las condiciones estructurales impuestas por el FMI a los
países pobres a través del PRGF son condiciones vinculantes. Es decir, el FMI
no solamente impone acciones previas a los países pobres (reformas en materia
de política que deben ser implementadas antes de recibir los fondos) sino que
además impone un criterio de desempeño (reformas de política que deben llevarse
a cabo durante el transcurso de un año en el marco del PRGF para poder tener
acceso al año siguiente). De acuerdo al economista nicaragüense Néstor
Avendaño, el establecimiento de programas económicos del FMI en Nicaragua no es
producto de una negociación sino de una imposición, porque nuestro país no
tiene capacidad de pago en el mercado financiero internacional y porque
nuestros servidores públicos no han mostrado una apropiada capacidad de
negociación política y técnica.
Por otra parte, las operaciones más corrientes del Banco Mundial
son los préstamos para proyectos que representa un 70% de los créditos,
otorgados específicamente a grandes proyectos en materia de infraestructura y
agricultura orientados a la expansión del comercio mundial. No obstante, el 30%
del crédito del Banco Mundial se otorga en la forma de préstamos basados en políticas
(PAE). Al igual que el FMI, el
desembolso de préstamos se encuentra condicionado con la adopción o
implementación por parte del gobierno de reformas explícitas delineadas en los
documentos y acuerdos crediticios.
Los programas de
ajuste estructural son poseedores de críticas por los diversos efectos (de
índole económica, social y política) que
ocasionan en las economías en las que se aplican. Para OXFAM Internacional, estas
condicionalidades impuestas de política económica anulan la efectividad de la
ayuda y menoscaban el proceso nacional de toma de decisiones que es vital para
el desarrollo sostenible. Por tanto, considero que analizar el impacto en la
consecución de los Objetivos de
Desarrollo para el Milenio (ODM), se convierte en un referente mundial
sobre la validez o nulidad de la receta única impuesta por estas instituciones
financieras.
Hetty
Kovach[5]
documentó en 2006 el dramático caso de Malí, pues siendo un país extremadamente
pobre se le ha dado menos ayuda de la
que ha necesitado. El 90 por ciento de la población vive con menos de dos
dólares diarios (el mayor colectivo de cualquier país del mundo con tan bajos
ingresos), pero sin embargo recibe menos de la mitad de ayuda por persona que
su vecina Senegal, un país menos pobre. A pesar de ello, el Banco Mundial ha
impedido en forma deliberada que el gobierno obtenga más ayuda por no haber
privatizado su industria algodonera. Malí recibe hoy como mínimo US$ 72
millones menos de lo que podría recibir. Este dinero se podría utilizar para
pagar los sueldos de 5.000 profesores y profesoras durante los próximos diez
años, en un país en que tan sólo un 17 por ciento de las mujeres de entre 15 y
24 años sabe leer y escribir. Según un informe no publicado del Banco Mundial
al que Oxfam tuvo acceso, las consecuencias serán, con toda probabilidad, un
incremento de pobreza del 4,6 por ciento en todo el país.
En Benín, país en el que la tasa de alfabetización de adultos
apenas alcanza el 34% de la población,
más de la mitad de las condiciones estructurales impuestas por el FMI (7 de 13) en el 2005 en el marco de de un acuerdo de tres años de PRGF, se relacionaban con la
privatización[6].
Estas condiciones exigían a la población la
privatización de la energía, las telecomunicaciones y el sector algodonero, y
además impulsaban reformas portuarias con el fin de
facilitar la privatización. Ello generó aumento en precios, disminución del
empleo en el sector algodonero y por tanto, un retroceso en el alcance de los
ODM.
Teóricamente los programas PRGF fueron formulados para apoyar los esfuerzos de reducción de la pobreza de aquellos
países pobres altamente endeudados que fuesen aceptados en el marco de la
Iniciativa HIPC, lo que implica que el país debe elaborar una Estrategia de
Reducción de la Pobreza, que supuestamente,
constituiría el núcleo del Programa. En la práctica, las estrategias son
sometidas a la revisión y aprobación de los Directorios Ejecutivos del FMI y el
Banco Mundial, quienes pueden demandar cambios parciales o totales en las mismas,
bajo pena de comprometer el financiamiento asociado al Programa.
En el caso de Nicaragua, para intentar alcanzar los ODM, se
necesita aumentar de manera real (por lo menos duplicar) la inversión del
sector público en salud, educación, ambiente, entre otros. Sin embargo, condicionalidad del FMI muestra una clara tendencia
hacia la restricción permanente del gasto del sector público: en las
Proyecciones del Marco Presupuestario de Mediano Plazo elaborado de acuerdo con
el FMI, el techo para el Gasto del Gobierno (excluyendo el servicio de la deuda
y las transferencias al Banco Central) se mantendría virtualmente congelado en
alrededor del 20% del PIB[7],
en un país que deja sin oportunidades educativas a 7 de cada 10 niños en edad
preescolar, a 2 niños en edad de asistir a la escuela primaria y a 6 de cada 10
jóvenes en
edad de asistir a la secundaria.
Por otro lado, a
ello hay que sumar que existen graves vicios con la forma de gobierno del FMI,
principalmente por la falta de representación y poder de opinión de los países
de bajos y medianos ingresos en la cúspide de la institución, lo que provoca
que la institución sea tildada de neoliberal y que en realidad responde a
intereses económicos de Estados Unidos. Igualmente, el Banco Mundial es una
institución perteneciente y regida por sus accionistas. A cada miembro se le
otorga una cantidad determinada de votos que es aproximadamente proporcional al
tamaño de su economía. En consecuencia, los países desarrollados controlan más
del 60% de los votos y dominan la toma de decisiones en el directorio y les
permite fijar la agenda del Banco.
Asimismo, las
actuaciones del FMI en las economías en transición y en las crisis del Sureste
Asiático, Rusia o Brasil han sido duramente criticadas, sobre todo por no tener
en cuenta las consecuencias sociales de las mismas. Una de las más influyentes
críticas a la que ha tenido que hacer frente el Fondo ha sido la del ex-vicepresidente del BM,
Joseph Stiglitz, quien acusa al FMI de no haber sabido hacer frente a las
diferentes situaciones de crisis: "El FMI ha cometido errores en todas las
áreas en las que se ha incursionado: desarrollo, manejo de crisis y transición
del comunismo al capitalismo". [8] Esto ha conllevado a
muchos países emergentes a tener una gran desconfianza, así como también a
perderle credibilidad a esta institución.
Otro obstáculo a
vencer es desvincular totalmente la cooperación internacional bilateral, de los
análisis económicos realizados tanto por el
FMI como del BM, pues se inhibe a los PMA de ejercer su soberanía en
términos económicos y se incumple con el compromiso internacional de los países
desarrollados de contribuir al desarrollo económico y social sostenible de los
países en desarrollo.
En conclusión, es evidente que la composición institucional misma
del FMI y BM ha provocado 2 cosas: primero, el no evaluar de
forma sistemática el impacto de las reformas de política económica sobre las
personas pobres. Segundo, poner en duda
ante los PMA y las economías emergentes el verdadero sentido y finalidad de
dichas instituciones. Si los resultados de sus políticas no son satisfactorios
para los países, entonces, no es justificable ni su intromisión en la soberanía
nacional, ni la marginación social exigida a los Estados en los últimos 30 años. Aunque a
raíz de la crisis financiera internacional de 2008, se supone que dichas instituciones
han reorientado sus políticas, el discurso formal dista mucho de la realidad.
Es lastimoso para el mundo entero y especialmente los más pobres, que la
cooperación internacional multilateral no base sus objetivos en la verdadera
realidad del necesitado, más bien, parece que de lo que se trata de lograr es
en realidad un efecto contraproducente al esperado y deseado, con el fin último
de continuar la dependencia económica, que hasta ahora se vislumbra como el
verdadero resultado.
[2] Véase Salvatore, Dominick. Economía
Internacional. Santa Fe de Bogotá, CO: Mc Graw Hill Interamericana,
1992. Pág. 230
[3] Véase Informe La condicionalidad del Banco Mundial y el FMI: una injusticia
para el desarrollo. Eurodad, Junio de 2006
[4] Red Europea sobre Deuda y Desarrollo es una red integrada por 50 organizaciones
no gubernamentales de 15 países europeos que trabajan sobre temas relacionados
con la deuda, el financiamiento para el desarrollo y la reducción de la pobreza
[5] Principal asesor politico de Oxfam GB el fianciamiento para el desarrollo
y los servicios públicos
[7] Véase www.intermonoxfam.org/.../Nicaragua_ODM_programaFMI.pdf
[8] Véase www.choike.org/nuevo/informes/1121.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario