Apuntes sobre la pobreza

El término “pobreza” tiene distintos significados en las ciencias sociales. Paul Spicker (1999) identifica once posibles formas de interpretar esta palabra: necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica, falta de titularidades, privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase, dependencia y padecimiento inaceptable. La medición de la pobreza puede estar basada en cualquiera de estas definiciones, la mayoría de los estudios económicos sobre pobreza han centrado su atención casi exclusivamente en las concernientes a “necesidad”, “estándar de vida” e “insuficiencia de recursos”. Para estas opciones, los indicadores de bienestar más aceptados han sido la satisfacción de ciertas necesidades, el consumo de bienes o el ingreso disponible.

Para determinar si una persona es pobre, existen ciertas carencias que se han constituido en el común denominador: a) hacinamiento, b) vivienda inadecuada, c) abastecimiento inadecuado de agua, d) carencia o inconveniencia de servicios sanitarios para el desecho de excretas; e) inasistencia a escuelas primarias de los menores en edad escolar, y, f) un indicador indirecto de capacidad económica.  (CEPAL, 2001).

Según las mediciones de  pobreza basadas en ingresos, 1.200 millones de personas viven con 1,25 dólares al día o menos. Sin embargo, las últimas estimaciones del Índice de Pobreza Multidimensional del PNUD revelan que casi 1.500 millones de personas, de 91 países en desarrollo, viven en situación de pobreza multidimensional, con carencias concurrentes en salud, educación y nivel de vida. Y aunque en términos generales la pobreza está disminuyendo, casi 800 millones de personas se enfrentan al riesgo de volver a caer en ella por causa de alguna crisis o adversidad. (PNUD, 2014).

Desde 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presenta su Informe sobre Desarrollo Humano. En él se evalúa el estado del “desarrollo humano”, definido como el proceso de ampliación de las posibilidades de elección de las personas. El contenido del Informe está basado en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), generado como alternativa al PIB per cápita para medir el avance en las condiciones de vida de la humanidad. (CEPAL, 2001).

El IDH se basa en tres indicadores:

• Longevidad, medida en función de la esperanza de vida al nacer.

• Nivel educacional, medido en función de una combinación de la tasa de alfabetización de adultos (ponderación, dos tercios) y la tasa bruta de matrícula combinada de primaria, secundaria y superior (ponderación, un tercio).

• Nivel de vida, medido por el PIB real per cápita (PPA en dólares)

De acuerdo al IDH de 1990, Nicaragua era considerada un país en desarrollo, ocupando el puesto 85 en dicho ranking (de 160 economías consideradas). Posteriormente, en el IDH 2013 encontramos a Nicaragua situada en la posición 132, donde se denotan las debilidades con respecto a los países nórdicos, Corea del Sur, así como Chile y Costa Rica, por ejemplo: menor esperanza de vida, menos escolaridad y menor ingreso per cápita. Por tanto, se encuentra situada en la categoría de países con desarrollo humano medio, en compañía de países como Namibia, Kiribati, Vanuatu o Marruecos.

PAÍS	Clasificación IDH 1990	Valor IDH 1990	Clasificación IDH 2012	Valor IDH 2012
Nicaragua	85	0,612	132	0,614

Fuente: Elaboración propia con base en Desarrollo Humano: Informe 1991. PNUD-1991 e Informe sobre Desarrollo Humano 2014, PNUD.

Al comparar la funcionalidad del gasto público de Nicaragua con los otros países, se observa que durante todo el período 1990-2013, el Servicio de la Deuda Pública ha absorbido gran parte del presupuesto del gobierno, mientras que Costa Rica por ejemplo lo ha dedicado a educación, esto repercute por ejemplo en el nivel de años esperados y escolaridad que se registra en el IDH.

Erosión del multilateralismo: más allá de la OMC

Erosión del multilateralismo: más allá de la OMC 

“El comercio justo es una vida con dignidad”

Víctor Pérezgrovas

       La Organización Mundial del Comercio (OMC) y anteriormente el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), han logrado de manera excepcional la facilitación del comercio a escala multilateral, basada en el convencimiento que la especialización e intercambio internacional permite el aumento en la eficiencia económica y la obtención de ganancias que mejoran el bienestar general. Sin embargo, los acuerdos multilaterales logrados en el marco de la OMC, no cumplen en tiempo ni en forma las expectativas comerciales de muchos de los miembros. De esta manera, el regionalismo se vislumbra como un experimento para solucionar los obstáculos que presenta el multilateralismo y que no resuelve de manera satisfactoria.

       Como consecuencia de la evolución del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), la Organización Mundial del Comercio (OMC), nacida en enero de 1995, funciona como foro internacional donde los gobiernos negocian sus acuerdos comerciales, para resolver sus diferencias[1] o asimetrías en términos comercial. Los objetivos sobre los cuáles descansa el accionar la OMC son alcanzar liberalizar el comercio de manera reglamentada, organizar las negociaciones comerciales y solucionar las diferencias o intereses opuestos mediante métodos imparciales. Asimismo, en determinadas circunstancias sus normas apoyan el mantenimiento de obstáculos al comercio: por ejemplo, para proteger a los consumidores o impedir la propagación de enfermedades.[2]

        Actualmente, el foro está compuesto por 153 gobiernos miembros, los cuales basan sus políticas comerciales en los acuerdos alcanzados en dicha organización, a través de las rondas. Es decir, el núcleo o fundamento de la OMC lo encontramos en cerca de 60 acuerdos (base jurídica)  que se negocian y firman por cada miembro a razón de consenso en cada ronda, por ejemplo el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Desde el nacimiento de la GATT en 1948 hasta hoy en día, se han concluido 8 rondas de negociaciones comerciales, siendo la última la denominada Ronda de Uruguay (1986-1994), y aún pendiente la Ronda de Doha, iniciada en 2001.

       Es importante destacar que desde el inicio del foro internacional con la GATT, los valores que guían todas las negociaciones están inspirados en varios principios simples y fundamentales que constituyen la base del sistema multilateral de comercio: Nación más favorecida: igual trato para todos los demás (reciprocidad) y el  Trato nacional: igual trato para nacionales y  extranjeros[3] (no discriminación). Las excepciones a estas reglas generales son el dumping, subsidios, salvaguardias, Sistema General de Preferencias (para países en desarrollo) y cualquier tipo de coalición económica con miras a lograr un parcial libre comercio entre ellos, llámese tratado de libre comercio, unión aduanera, mercado común o unión económica.

       Todos los esfuerzos por lograr el consenso sobre las reglas básicas que deben regir al comercio internacional han sido muy fructíferos, tomando en cuenta que en el 2008 el PIB mundial real aumentó en 1.5%, equivalente a 60 587 016 millones de dólares[4] (a pesar de la recesión económica). Pero, tomando en cuenta el número de miembros de la OMC, sus asimetrías e intereses comerciales, esto conlleva al estancamiento en las negociaciones multilaterales, por ejemplo los 9 anos de la Ronda de Doha (que aún no culmina), y por ende al retraso en la aplicación de políticas o estrategias comerciales favorables. 

      Como explica Marcel Vaillant, catedrática de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República Oriental de Uruguay, las dificultades y la erosión del juego multilateral se deben tanto a cambios en el comportamiento de los principales actores como las alteraciones en los términos sustantivos en el problema… destaca la declinación del liderazgo de la hegemonía norteamericana a nivel internacional… facilitaba la resolución de conflictos. Además existe la percepción de que algunos jugadores importantes (caso Japón) han venido teniendo una política de aprovechamiento de los beneficios… apertura de los otros mercados, pero manteniendo un proteccionismo encubierto (free-rider). Este comportamiento deterioró al arreglo institucional, en la medida que afectó la credibilidad del mismo[5].

       El artículo 24 del GATT (Tratado general de la OMC) autoriza como excepción especial al principio de la Nación más favorecida, el establecimiento de acuerdos comerciales regionales a condición de que cumplan determinados criterios estrictos: deben contribuir a que los intercambios fluyan con mayor libertad entre los países del grupo sin que se levanten obstáculos al comercio con el mundo exterior. Dicho de otro modo, la integración regional debe complementar, no amenazar, el sistema multilateral de comercio[6].  El regionalismo en su segunda época tiene una mayor vigencia: MERCOSUR, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Mercado Común Centroamericano, entre otros. De esta manera, el 6 de febrero de 1996 el Consejo General de la OMC estableció el Comité de Acuerdos Comerciales Regionales, cuya finalidad es examinar los grupos regionales y evaluar si son compatibles con las normas de la OMC, pues, para el 2005, la OMC registraba 330 acuerdos comerciales regionales, de los cuales 180 estaban en vigor.

      En el caso de Nicaragua, además de ser miembro de la OMC, actualmente tiene 6 tratados comerciales vigentes, esto le ha permito que en el marco de su tratado comercial con Estados Unidos, éste sea su principal socio, seguidamente de la región centroamericana, con quien comparte un mercado común[7]. No sucede lo mismo, por ejemplo con Egipto, que aunque es miembro de la OMC, Nicaragua tiene un intercambio mínimo con África.       

       La crítica básica al regionalismo, como Bhagwati, radica en que las áreas comerciales no son algo complementario a la liberalización global, sino que de hecho la dificultan, tendiendo a sustituirla[8]. A medida que el número de países sea limitado, esto implica discriminación hacia los países no partes del bloque regional.

       La ampliación de un mercado real y potencial, es un estímulo para lograr mayor eficacia y eficiencia con un libre mercado regional y esto ocupa un lugar central en el aprovechamiento de las economías de escala. Esto es posible ya que tiene capacidad  de tratar otros temas, no requiere de una presencia hegemónica internacional y puede atacar con mayor eficiencia al neoproteccionismo. En efecto, como menciona el profesor Tabaré Vera[9], los contextos de integración regional permiten ir más a fondo en el desmantelamiento  de los mecanismos paraarancelarios de protección e identificar las medidas más relevantes para facilitar el intercambio entre las economías[10]. La integración comercial, al mismo tiempo conduce a afrontar de manera coordinada o conjunta algunas políticas importantes como el medio ambiente. Asimismo, las negociaciones en el seno de la OMC podrían facilitarse con la participación de bloques regionales. Sin embargo, una verdadera integración regional, debe considerar las asimetrías de sus socios como estrategia conjunta de desarrollo.

       En conclusión, debido a que el proceso multilateral de los acuerdos económicos en el seno de la OMC es más complejo y conflictivo debido a la ampliación y diversificación de sus miembros, ello ha impulsado la consolidación de los bloques regionales comerciales. En un mundo real, donde no existe el libre comercio puro, las integraciones regionales comerciales aparecen como la alternativa más viable en la búsqueda de lograr un comercio de bienes y servicios más eficiente; tomando en cuenta las asimetrías entre los mismos socios, pues en caso contrario, las economías en desarrollo no tiene la capacidad de competir libremente en sus bloques. No obstante,  el marco multilateral con la acumulación de reglas comerciales generales,  se constituyen una referencia sobre la cual se  pueden intensificar los esfuerzos en términos de integración regional.

     

    

       

---

[1] Véase  http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm

[2] Véase http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact1_s.htm

[3] Véase  http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm

[4] Véase Informe Estadísticas del Comercio Internacional 2009, OMC

[5] Véase Bizzozero, Lincoln. Nuevos regionalismos: ¿cooperación o conflicto?. Editorial Nueva Sociedad. Santiago de Chile, 1994. Pág. 33

[6] Véase  http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm

[7] Véase Informe Apertura comercial y Política Comercial de Nicaragua. Dirección General de Comercio Exterior. MIFIC, 2009

[8] Véase Tugores Ques, Juan. Economía internacional e integración económica. McGraw-Hill Interamericana, S.A. Santafé de Bogotá, Colombia, 1994. Tomo 4, pág.63

[9] Catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República Oriental de Uruguay.

[10] Véase Bizzozero, Lincoln. Nuevos regionalismos: ¿cooperación o conflicto?. Editorial Nueva Sociedad. Santiago de Chile, 1994. Pág. 35

Condicionalidad económica sin condición social

Condicionalidad económica sin condición social

Los hombres, pudiendo ser desiguales en fuerza o en talento,

 se hacen iguales por convención y por derecho

J. J. Rousseau

La imposición de un modelo político-económico de las instituciones financieras internacionales hacia los países en desarrollo, no ha generado el resultado esperado por los gobiernos y las sociedades. La  exigencia y aplicación de condiciones inapropiadas, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, impide que el financiamiento realmente cumpla con los objetivos que se plantean, más bien, el fracaso de sus criticadas políticas, evidencian sus debilidades institucionales, deslegitimando así su autoridad moral en asuntos económicos.

Entre las principales instituciones financieras internacionales, podemos hacer referencia al Banco Mundial (BM) que ha estado dedicado a otorgar préstamos a largo plazo para proyectos y programas en los países en desarrollo; así como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tiene por misión la promoción de políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, facilitar el comercio internacional y reducir la pobreza (corto plazo).

Como mandato derivado del Consenso de Washington, el BM y el FMI hacen uso de los  programa de ajuste estructural (PAE) como condición a un país para otorgarle respaldo financiero destinado a afrontar un grave problema de pagos internacionales. Se trata de una receta única y de pretendida validez universal que se aplica con independencia de la situación particular de cada país. Y a ella se han sometido más de noventa países del Sur y del Este durante las dos últimas décadas del siglo XX, para resolver el problema de Deuda Externa.[1]

El énfasis  del FMI y  del BM  en los PAE se fundamenta en la modificación de las políticas domésticas con el propósito de de aumentar la capacidad de servir la deuda. Cuando el FMI negocia préstamos nuevos con un país deudor, usualmente aprobará préstamos sólo si el país menos adelantado (PMA) adopta diversas medidas de condicionalidad que por lo general incluyen la reducción de los déficits presupuestales gubernamentales y de la oferta monetaria, así como la adopción de un tipo de cambio realista que implica la devaluación de la moneda doméstica.[2] Otras políticas recomendadas incluyen la  eliminación de la producción gubernamental y subsidios de consumo y de controles de precios distorsionados. Estas medidas permiten que sea el mercado el que asigne los recursos, y por tanto mejorará la eficiencia, según en FMI. Es importante aclarar que del cumplimiento de estas condiciones dependerá el otorgamiento de nuevos préstamos al PMA por parte del Fondo.

En Octubre de 2007, el FMI y el gobierno de Nicaragua suscribieron el PRGF- Servicio para la

Reducción de la Pobreza y el Crecimiento-  2007-2010 (un acuerdo a tres años por Derechos Especiales de Giro 71,5 millones, alrededor de US$111,3 millones), en ese sentido, la  investigación[3] realizada por Eurodad[4] mostró que, en promedio, la mitad del todas las condiciones estructurales impuestas por el FMI a los países pobres a través del PRGF son condiciones vinculantes. Es decir, el FMI no solamente impone acciones previas a los países pobres (reformas en materia de política que deben ser implementadas antes de recibir los fondos) sino que además impone un criterio de desempeño (reformas de política que deben llevarse a cabo durante el transcurso de un año en el marco del PRGF para poder tener acceso al año siguiente). De acuerdo al economista nicaragüense Néstor Avendaño, el establecimiento de programas económicos del FMI en Nicaragua no es producto de una negociación sino de una imposición, porque nuestro país no tiene capacidad de pago en el mercado financiero internacional y porque nuestros servidores públicos no han mostrado una apropiada capacidad de negociación política y técnica.

Por otra parte, las operaciones más corrientes del Banco Mundial son los préstamos para proyectos que representa un 70% de los créditos, otorgados específicamente a grandes proyectos en materia de infraestructura y agricultura orientados a la expansión del comercio mundial. No obstante, el 30% del crédito del Banco Mundial se otorga en la forma de préstamos basados en políticas (PAE). Al igual que el FMI,  el desembolso de préstamos se encuentra condicionado con la adopción o implementación por parte del gobierno de reformas explícitas delineadas en los documentos y acuerdos crediticios.

Los programas de ajuste estructural son poseedores de críticas por los diversos efectos (de índole económica, social y política)  que ocasionan en las economías en las que se aplican. Para OXFAM Internacional, estas condicionalidades impuestas de política económica anulan la efectividad de la ayuda y menoscaban el proceso nacional de toma de decisiones que es vital para el desarrollo sostenible. Por tanto, considero que analizar el impacto en la consecución de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM), se convierte en un referente mundial sobre la validez o nulidad de la receta única impuesta por estas instituciones financieras.

Hetty Kovach[5] documentó en 2006 el dramático caso de Malí, pues siendo un país extremadamente pobre  se le ha dado menos ayuda de la que ha necesitado. El 90 por ciento de la población vive con menos de dos dólares diarios (el mayor colectivo de cualquier país del mundo con tan bajos ingresos), pero sin embargo recibe menos de la mitad de ayuda por persona que su vecina Senegal, un país menos pobre. A pesar de ello, el Banco Mundial ha impedido en forma deliberada que el gobierno obtenga más ayuda por no haber privatizado su industria algodonera. Malí recibe hoy como mínimo US$ 72 millones menos de lo que podría recibir. Este dinero se podría utilizar para pagar los sueldos de 5.000 profesores y profesoras durante los próximos diez años, en un país en que tan sólo un 17 por ciento de las mujeres de entre 15 y 24 años sabe leer y escribir. Según un informe no publicado del Banco Mundial al que Oxfam tuvo acceso, las consecuencias serán, con toda probabilidad, un incremento de pobreza del 4,6 por ciento en todo el país.

En Benín, país en el que la tasa de alfabetización de adultos apenas alcanza el 34% de la población, más de la mitad de las condiciones estructurales impuestas por el FMI (7 de 13) en el 2005 en el marco de de un acuerdo de tres años de PRGF, se relacionaban con la privatización[6]. Estas condiciones exigían a la población la privatización de la energía, las telecomunicaciones y el sector algodonero, y además impulsaban reformas portuarias con el fin de facilitar la privatización. Ello generó aumento en precios, disminución del empleo en el sector algodonero y por tanto, un retroceso en el alcance de los ODM.

Teóricamente los programas PRGF fueron formulados para apoyar  los esfuerzos de reducción de la pobreza de aquellos países pobres altamente endeudados que fuesen aceptados en el marco de la Iniciativa HIPC, lo que implica que el país debe elaborar una Estrategia de Reducción de la Pobreza, que supuestamente, constituiría el núcleo del Programa. En la práctica, las estrategias son sometidas a la revisión y aprobación de los Directorios Ejecutivos del FMI y el Banco Mundial, quienes pueden demandar cambios parciales o totales en las mismas, bajo pena de comprometer el financiamiento asociado al Programa.

En el caso de Nicaragua, para intentar alcanzar los ODM, se necesita aumentar de manera real (por lo menos duplicar) la inversión del sector público en salud, educación, ambiente, entre otros. Sin embargo, condicionalidad del FMI muestra una clara tendencia hacia la restricción permanente del gasto del sector público: en las Proyecciones del Marco Presupuestario de Mediano Plazo elaborado de acuerdo con el FMI, el techo para el Gasto del Gobierno (excluyendo el servicio de la deuda y las transferencias al Banco Central) se mantendría virtualmente congelado en alrededor del 20% del PIB[7], en un país que deja sin oportunidades educativas a 7 de cada 10 niños en edad preescolar, a 2 niños en edad de asistir a la escuela primaria y a 6 de cada 10 jóvenes en edad de asistir a la secundaria.

Por otro lado, a ello hay que sumar que existen graves vicios con la forma de gobierno del FMI, principalmente por la falta de representación y poder de opinión de los países de bajos y medianos ingresos en la cúspide de la institución, lo que provoca que la institución sea tildada de neoliberal y que en realidad responde a intereses económicos de Estados Unidos. Igualmente, el Banco Mundial es una institución perteneciente y regida por sus accionistas. A cada miembro se le otorga una cantidad determinada de votos que es aproximadamente proporcional al tamaño de su economía. En consecuencia, los países desarrollados controlan más del 60% de los votos y dominan la toma de decisiones en el directorio y les permite fijar la agenda del Banco.

Asimismo, las actuaciones del FMI en las economías en transición y en las crisis del Sureste Asiático, Rusia o Brasil han sido duramente criticadas, sobre todo por no tener en cuenta las consecuencias sociales de las mismas. Una de las más influyentes críticas a la que ha tenido que hacer frente el Fondo  ha sido la del ex-vicepresidente del BM, Joseph Stiglitz, quien acusa al FMI de no haber sabido hacer frente a las diferentes situaciones de crisis: "El FMI ha cometido errores en todas las áreas en las que se ha incursionado: desarrollo, manejo de crisis y transición del comunismo al capitalismo".  [8] Esto ha conllevado a muchos países emergentes a tener una gran desconfianza, así como también a perderle credibilidad a esta institución.

Otro obstáculo a vencer es desvincular totalmente la cooperación internacional bilateral, de los análisis económicos realizados tanto por el  FMI como del BM, pues se inhibe a los PMA de ejercer su soberanía en términos económicos y se incumple con el compromiso internacional de los países desarrollados de contribuir al desarrollo económico y social sostenible de los países en desarrollo.

En conclusión, es evidente que la composición institucional misma del FMI y BM ha provocado 2 cosas: primero, el no evaluar de forma sistemática el impacto de las reformas de política económica sobre las personas pobres.  Segundo, poner en duda ante los PMA y las economías emergentes el verdadero sentido y finalidad de dichas instituciones. Si los resultados de sus políticas no son satisfactorios para los países, entonces, no es justificable ni su intromisión en la soberanía nacional, ni la marginación social exigida a los Estados en los últimos 30 años. Aunque a raíz de la crisis financiera internacional de 2008, se supone que dichas instituciones han reorientado sus políticas, el discurso formal dista mucho de la realidad. Es lastimoso para el mundo entero y especialmente los más pobres, que la cooperación internacional multilateral no base sus objetivos en la verdadera realidad del necesitado, más bien, parece que de lo que se trata de lograr es en realidad un efecto contraproducente al esperado y deseado, con el fin último de continuar la dependencia económica, que hasta ahora se vislumbra como el verdadero resultado.

---

[1] Véase www.choike.org/nuevo/informes/1126.html

[2] Véase Salvatore, Dominick. Economía Internacional. Santa Fe de Bogotá, CO: Mc Graw Hill Interamericana, 1992.  Pág. 230

[3] Véase Informe La condicionalidad del Banco Mundial y el FMI: una injusticia para el desarrollo.  Eurodad, Junio de 2006

[4] Red Europea sobre Deuda y Desarrollo es una red integrada por 50 organizaciones no gubernamentales de 15 países europeos que trabajan sobre temas relacionados con la deuda, el financiamiento para el desarrollo y la reducción de la pobreza

[5] Principal asesor politico de Oxfam GB el fianciamiento para el desarrollo y los servicios públicos

[6] Véase Banco Mundial, Benin At a Glance: http://devdata.worldbank.org/AAG/ben_aag.pdf

[7] Véase www.intermonoxfam.org/.../Nicaragua_ODM_programaFMI.pdf

[8] Véase www.choike.org/nuevo/informes/1121.html